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El principio de proporcionalidad es un concepto fundamental en el derecho administrativo que exige que las acciones y decisiones de las autoridades gubernamentales sean proporcionadas a los fines perseguidos y no excesivas en relación con los derechos o intereses individuales afectados.
Este principio busca equilibrar los poderes del Estado y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se aplica en situaciones como la emisión de sanciones administrativas, la expropiación de bienes y la limitación de derechos.
La aplicación del principio de proporcionalidad implica un análisis exhaustivo de la necesidad y adecuación de la medida adoptada por la administración pública.