Hace algunos días conocíamos las intenciones del ministro de justicia, Juan Carlos Campo, respecto a la justicia española tal y como la conocemos hoy. Pues bien, en su comparecencia en la Comisión de Justicia, ha adelantado las líneas generales del Plan de Justicia 2030 que aprobará el Consejo de Ministros en el plazo máximo de tres meses para su inmediata puesta en marcha, y ello con el objetivo, según nuestro ministro, de consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizas el acceso a la Justicia en todo el territorio.
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Pasos previos
Como ya se ha señalado, el Plan Justicia 2030, debe ser aprobado en el Consejo de Ministros, pero primeramente se abrirá una ronda de consultas con todos los actores implicados para consensuar la hoja de ruta.
Este plan supone 10 años de cambios progresivos y la consecución de planes anuales que, según palabras del ministro, serán “medibles y adaptables” y “se abordará con metodologías de análisis y diagnóstico para la toma de decisiones racionales y contrastadas”.
¿En qué consiste?
El Plan Justicia 2030 se estructura en tres ejes, a saber:
- Acceso a la Justicia. Consolidación de garantías y derechos
- Promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia
- La transformación digital, incrementando la cohesión y coordinación territorial
Acceso a la Justicia. Consolidación de garantías y derechos
Varios son los puntos a tratar en este eje, los cuales describimos a continuación a grandes rasgos a la espera de un mayor desarrollo por parte del Ministerio de Justicia.
Acercar al ciudadano el lenguaje de los profesionales de la Justicia. En el año 2011, la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico emitió unas conclusiones para acercar al ciudadano el lenguaje de los profesionales de la Justicia, el cual será utilizado para sentar las bases de este plan, junto con las recomendaciones del CGPJ, la FGE y otros actores. Se ha partido de este punto ya que, según el ministro, “solo se accede a la Justicia plena si se comprende”.
LO del Derecho de Defensa. En materia de derechos y garantías, se está trabajando en el texto de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa, para así “atender una demanda de los letrados y desarrollar un derecho constitucional básico”, según palabras de la presidenta del CGAE, Victoria Ortega.
Servicios alternativos de resolución de controversias. Otra medida será la promoción de este tipo de servicios para contribuir a disminuir la litigiosidad de juzgados y tribunales. Se articularía un sistema paralelo y complementario a la jurisdicción que ofrezca a la ciudadanía otra vía para la resolución de sus diferencias.
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Actualmente contamos con que la Ley de Enjuiciamiento Criminal data de 1882, por lo que es indudable que la misma está llena de “parches” para poder ser de aplicación en los tiempos que corren. Pues bien, se ha visto necesario configurar un anteproyecto de dicha ley que se someterá al Consejo de Ministros para su aprobación antes de final de año, debiendo dejar paso a una nueva regulación que avance hacia un proceso penal “moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales”, y donde se atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal.
Atención a las víctimas de los delitos. Esta atención se reforzará en los casos de víctimas mujeres que sufran violencia machista. Aquí cobra importancia el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Convenio de Estambul, donde el ministro ha anunciado la puesta en marcha de un plan de guardias de 24 horas para los médicos forenses del territorio del Ministerio de Justicia y la revisión de los protocolos de intervención en casos de violencia sexual.
LO de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. En este caso se trata de una iniciativa conjunta de Justicia y Sanidad que fija medidas de protección para estos colectivos vulnerables en situaciones de violencia de género o abusos sexuales, aumentando el plazo de prescripción de estos delitos.
Programa de subvenciones. Se trata de subvenciones para organizaciones no gubernamentales que trabajan con víctimas, de forma que la sociedad civil pueda beneficiarse de lo recaudado por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos procedentes de actividades delictivas.
Promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia
No a las dilaciones indebidas. Para avanzar hacia un servicio público de calidad, se completará la implantación de la Oficina Judicial, consolidará el expediente judicial digital y se integrarán las diferentes plataformas de gestión procesal para preservar la eficacia del sistema en todo el territorio. Estos proyectos de modernización ya se iniciaron por el ministro Francisco Caamaño pero fueron interrumpidos en el año 2011.
Sentencia testigo o modelo. Este mecanismo se pretende sea implantado en los pleitos en masa en los ámbitos civil y mercantil, lo que permitiría extender los efectos de las sentencias dictadas por los tribunales más allá de las personas reclamantes. Así se potenciarían las soluciones extrajudiciales de conflictos en casos de reclamaciones por cláusulas suelo o por retrasos de las aerolíneas, por ejemplo, y evitar la saturación de los órganos judiciales.
La transformación digital, incrementando la cohesión y coordinación territorial
Mejor organización y coordinación competencial. En el próximo mes se convocará a la Conferencia Sectorial de Justicia para abordar con los representantes de Justicia de los diferentes territorios los grandes retos que tiene el servicio público para conseguir una mejor organización y coordinación competencial. Entre las medidas se planteará la agrupación de partidos judiciales con criterios de responsabilidad y garantizando una mayor accesibilidad y eficiencia.
Interoperabilidad de los sistemas informáticos. Para superar la dispersión tecnológica actual y poner en marcha proyectos conjuntos para un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, se trasladará a la Conferencia Sectorial de Justicia la interoperabilidad de los sistemas informáticos del sector que operan en los diferentes territorios.
Bibliografía:
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CREACIÓN:
Mª Ángeles López Cabezuelo
Abogada.
Grado en Derecho. Máster de Acceso a la Abogacía. Máster en Consultoría y Asesoría Fiscal y Financiera.
Redactora colaboradora en Iuris Fácil.
Instagram: @lopezcabezueloabogados
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