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Derecho reconocido por la constitución: la tutela judicial efectiva
El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho constitucionalmente reconocido que se concreta en el derecho de toda persona a acceder a la jurisdicción en defensa de sus derechos e intereses, obteniendo una respuesta fundada en derecho de los tribunales a las pretensiones planteadas.
Derecho fundamental
Se trata de un derecho fundamental constantemente invocado en los procedimientos judiciales, pues se encuentra presente en todo momento, desde el inicio con la admisión a trámite o no de la demanda, querella, etc., hasta el final, respecto de los recursos interpuestos contra la sentencia.
Configuración legal del derecho a la tutela judicial efectiva
Regulación en la CE
En términos generales, el derecho a la tutela judicial efectiva se regula en el art. 24.1 de la Constitución Española, cuando establece que:
“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.
Regulación en la Unión Europea
Por otro lado, este derecho también se reconoce a nivel europeo en el art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, estableciendo que:
“Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.
Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley”.
Concreción del concepto de derecho a la tutela judicial efectiva
Como puede observarse, en los artículos transcritos de la Constitución Española y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el derecho a la tutela judicial efectiva se relaciona con otros derechos fundamentales, en concreto: derecho de defensa, derecho a un proceso público y sin dilaciones indebidas, derecho a un juez imparcial y derecho al juez predeterminado por Ley.
Relación con otros derechos fundamentales
Indudablemente, el derecho a la tutela judicial efectiva debe conjugarse con el resto de los derechos fundamentales que afectan a los ciudadanos cuando se encuentran inmersos en un procedimiento judicial, pero es importante saber diferenciarlo del resto para, en caso de verse en la necesidad de invocarlo, hacerlo correctamente.
Cuestiones que abarca el derecho a la tutela judicial efectiva
En la sentencia del Tribunal Constitucional nº 182/2002 de 14 de octubre se concretan las cuestiones que abarca el derecho a la tutela judicial efectiva y que son las siguientes:
Derecho de acceso a la jurisdicción.
Es decir, el derecho a provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial.
Derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes.
No obstante, este derecho resulta satisfecho también con la obtención de una resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifique aplicada razonablemente por el órgano judicial.
Según esa misma sentencia, el derecho a la tutela judicial efectiva, al ser un derecho de configuración legal, su ejercicio está supeditado al cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en cada caso, los cuales sin embargo no podrán fijar obstáculos o trabas innecesarias que impidan el acceso a esa tutela judicial efectiva.
El derecho a la tutela judicial efectiva en el procedimiento penal
El procedimiento penal tiene varias fases que cambian según el tipo de procedimiento que se siga teniendo en cuenta las características del caso y, sobre todo, el delito cometido.
Cinco tipos de procedimientos
En derecho procesal español se distinguen cinco tipos de procedimientos: juicio por delitos leves, juicio rápido, procedimiento abreviad, procedimiento ordinario y tribunal del jurado, además de las especialidades propias de los procedimientos penales en el ámbito de los menores de edad y en violencia de género.
Fases de un procedimiento penal
En términos generales y sin perjuicio de las especialidades de cada procedimiento, las fases de un procedimiento penal son: instrucción, fase intermedia, fase de enjuiciamiento y fase de ejecución de sentencia.
¿Cuándo se invoca la tutela judicial efectiva?
El derecho a la tutela judicial efectiva tiene incidencia en todas y cada una de esas fases, invocándose normalmente en los siguientes casos:
Admisión o inadmisión de denuncia o querella
- En la fase inicial del procedimiento penal, concretamente en el pronunciamiento sobre admisión o inadmisión de la denuncia o querella. En este punto, la jurisprudencia establece que, si en la denuncia o querella se consignan hechos constitutivos de un posible ilícito penal, imputables a persona o personas determinadas y no existe causa legal que impida incoar el procedimiento, el órgano instructor deberá practicar las diligencias de investigación imprescindibles antes de decidir sobre su inadmisión.
La inadmisión ad limine de una denuncia o querella sin practicar las mínimas diligencias de investigación para constatar la existencia o no de delito supone la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de quien la interpone.
Denegación de diligencias de investigación
- En cuanto a la denegación de diligencias de investigación solicitadas por las partes. El Juez Instructor tiene la obligación de resolver mediante auto motivado las solicitudes de práctica de diligencias de investigación, en base a lo establecido en el art. 141 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En caso de que el Juez desestime la práctica de las diligencias de investigación solicitadas por las partes mediante providencia inmotivada o auto que no recoja una motivación suficiente, se estará vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte proponente.
Es necesario aclarar que las partes no tienen un derecho ilimitado a la prueba, es decir, no toda diligencia solicitada deberá practicarse si no se entiende procedente y necesaria, si bien siempre deberá justificarse suficientemente el motivo de su rechazo.
Dictado de sentencia
- En la fase de enjuiciamiento y concretamente en el dictado de sentencia. El deber de motivación y congruencia de las sentencias judiciales es un principio básico rector del procedimiento penal y un derecho fundamental de las partes, por lo que el Juez o Tribunal enjuiciadores tienen el deber de motivar suficientemente las decisiones adoptadas en el fallo de la sentencia, en caso contrario se afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes.
Recursos interpuestos
- Respecto de los recursos interpuestos por las partes. Procede interponer recursos contra las decisiones judiciales en todas las fases del procedimiento penal, recursos que deben ser motivadamente contestados, pues en caso contrario se estaría afectando al derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente.
