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Ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos

En virtud de la LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se introduce, entre otros, el artículo 778 bis. La Entidad Pública, que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal estarán legitimados para solicitar la autorización judicial para el ingreso del menor con problemas de conducta a los que se refiere el artículo 25 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de Enjuiciamiento Civil, debiendo acompañar a la solicitud la valoración psicosocial que lo justifique.

Competencia para el ingreso del menor

Según establece el artículo 778 bis LEC 1/2000, de 7 de enero, la competencia para el correspondiente ingreso del menor le corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del lugar donde radique el centro. La autorización será obligatoria y deberá ser previa al ingreso, salvo en casos de urgencia, que se realice el internamiento urgente del menor y que hiciesen la adopción urgente de la medida. Para los plazos legalmente previstos en la LEC, tenemos que tener en cuenta, los parámetros para los casos de internamiento, es decir, la Entidad Pública o el Ministerio Fiscal, deberán comunicarlo al Juzgado competente, dentro de las 24 horas siguientes, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 72 horas desde que llegue el ingreso a conocimientos del juzgado, dejándose, por el contrario, sin efecto aquel ingreso que no sea autorizado.

Frente a la resolución dictada por el Juez para la ratificación o autorización del ingreso del menor, cabe la interposición de recurso de apelación por el propio menor, Entidad Pública, Ministerio Fiscal y progenitores o tutores que sigan teniendo legitimación para oponerse a las resoluciones dictadas.

Salvaguarda de los intereses del menor

Para salvaguardar los derechos e intereses del menor, deberá ser oído y examinado, quien, además, deberá ser informado sobre el ingreso en términos que le sean comprensibles a sus circunstancias personales, familiares y culturales. Para ello, el juzgado deberá recabar un dictamen facultativo por él designado, formado por un equipo técnico (psicólogos, trabajadores sociales, educadores…). 

Medidas preventivas y de restricción de libertades y derechos fundamentales

Según establece el artículo 25 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se empleará el uso de medidas preventivas y de restricción de libertades y de derechos fundamentales, cuando estos menores estén diagnosticados con problemas de conducta disruptivas, que puedan llegar a transgredir a las normas sociales o perjudicar a terceros. No obstante, con respecto al seguimiento continuo del menor, los juzgados competentes, en el mismo acuerdo que conste el ingreso del menor, se expresará la obligación de la Entidad Pública y del director del centro, el seguimiento periódico sobre las circunstancias del menor y las necesidades del mantenimiento de las medidas impuestas imperativamente. Atendiendo a la naturaleza del menor, el Juez, señalará un plazo de tres meses sobre los informes periódicos del menor o un plazo inferior, según las circunstancias.

Seguimiento del menor

Para asegurar el seguimiento del menor, estos centros, dispondrán de un ratio adecuado entre el número de menores y de personal especializado para el mejor tratamiento individualizado. El acogimiento del menor en estos centros especializados es proporcionarle un marco de educación, normalización de su conducta, reintegración familiar y desarrollo personal, en un entorno estructurado acompañados de un programa específico y estructurado.

four person standing at top of grassy mountain
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Reinserción del menor

Medidas preventivas de seguridad

Como bien mencionábamos al principio, para la reinserción del menor en la vida familiar y social, es necesario emplear determinadas medidas preventivas y de seguridad, este tipo de medidas pueden consistir en la contención mecánica o contención física del menor, en su aislamiento o registros personales o materiales.

Estas medidas están sujetas a los principios de igualdad, proporcionalidad, excepcionalidad, necesidad y prohibición del exceso, aplicándose en el tiempo estrictamente necesario, teniendo en cuenta también, los derechos del honor, privacidad y derechos fundamentales del menor. El régimen disciplinario de estos centros está orientado hacia proyectos socioeducativos e individualizados, a quien se le informará constantemente sobre el mismo. Para alcanzar este sistema disciplinario, anteriormente, se tendrán que agotar todas las vías restaurativas de resolución de conflictos e instauración educativa del menor.

Para la obtención del régimen de visitas, comunicación y salidas del centro, podrán ser restringidas o suspendidas en virtud del interés del menor, cuando el tratamiento educativo así lo aconseje, teniendo en cuenta la autorización judicial de ingreso correspondiente. Dichas medidas y quejas podrán ser remitidas al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial competente, estos derechos no podrán ser restringidos por la aplicación de medidas disciplinarias.

 

A grosso modo, podemos concluir este artículo añadiendo que la consecución derivado del internamiento del menor en centros específicos es obtener una mayor agilización y eficacia en todos los procedimientos administrativos como judiciales que afecten a menores para evitar perjuicios innecesarios que puedan derivar la rigidez de aquéllos.

 

Bibliografía

Enlaces directos: 

 


Creación:

Laura Cabello Sarriá. Jurista.

Opositora al Cuerpo de Tramitación Procesal y Auxilio Judicial para la Administración de Justicia. Mediadora en resolución de conflictos. Conocimientos en Prevención en Riesgos Laborales.

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1 comentario en “Ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos”

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