Responsabilidad por negligencia médica

En esta entrada trataremos otro de los temas requeridos por una de nuestras seguidoras, la responsabilidad ante la negligencia médica. Trataremos en un primer momento la doctrina existente en cuanto a las obligaciones del médico, a la prueba de culpa o daño. A continuación trataremos el diagnóstico, con sus elementos esenciales. Tras esto, trataremos el criterio de presunción de responsabilidad, la información, el daño desproporcionado y finalmente, lo relativo a los consumidores. 

doctor pointing at tablet laptop

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1- Obligaciones del médico

La jurisprudencia del Tribunal Supremo a partir, sobre todo, de la Sentencia  nº 778 de 20-11-09 ha mantenido que la obligación del médico es:

  • Poner los medios adecuados comprometiéndose a cumplimentar las técnicas previstas para la patología en cuestión, con arreglo a la ciencia médica adecuada a una buena praxis,
  • Aplicar estas técnicas con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención.
  • Proporcionar al paciente la información necesaria que le permita consentir o rechazar una determinada intervención. 

En tal sentido y con estas circunstancias el profesional médico no está obligado a garantizar el resultado esperado.

 

2- Prueba de la culpa del daño

 

a) Según el Tribunal Supremo en marzo de 2004. 

En la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2004 se apuntó que “en sede de responsabilidad médica, tanto contractual como en la extracontractual, la culpa así como la relación de causalidad entre el daño y el mal del paciente y la actuación médica, ha de probarla el paciente.

Esto presenta una excepción en dos casos:

1º. Cuando por la práctica de una intervención quirúrgica reparadora o perfectiva el paciente es cliente y la obligación ya es de resultado por ubicarse el acto médico en una especie de locatio operis.

2º. En aquellos casos en los que por circunstancias especiales acreditadas y probadas por la instancia el daño del paciente o es desproporcionado o enorme, o la falta de diligencia e, incluso, obstrucción, o falta de cooperación del médico, ha quedado constatado por el propio Tribunal (SSTS de 29 de julio de 1994, 2 de diciembre de 1996, 21 de julio de 1997 y 19 de febrero de 1998).

Esta doctrina mantenía, por un lado que en la medicina voluntaria la naturaleza de la relación contractual establecida entre el profesional sanitario y el paciente se aproxima a la del contrato de arrendamiento de obra. Por otro lado, la doctrina mantiene que se produce una inversión de la carga de la prueba en los términos expuestos.

En cuanto a la primera apreciación de la doctrina, el médico no queda exonerado de su responsabilidad con acreditar simplemente que su actuación se ha ajustado a la lex artis. 

Se exige del médico entonces la obtención de un determinado resultado esperado por el paciente, que caso de no producirse determina, inexorablemente su responsabilidad ya que de no admitirse así, el fin contractual que movió al paciente se vería frustrado.

 

b) Según el Tribunal Supremo en febrero de 2015. 

La STS  nº 18 de 3-2-15 declara la anterior doctrina expresamente contraria a la que en la actualidad se mantiene por la Sala 1ª del TS.

Se concluye a la luz de esta Sentencia que la responsabilidad del profesional médico es de medios y como tal no puede garantizar un resultado concreto. Además que no es admisible mantener la distinción entre obligación de medios y de resultados en el ejercicio de la actividad médica, salvo que el resultado se pacte o se garantice, incluso en los supuestos más próximos a la llamada medicina voluntaria que a la necesaria o asistencial sobre todo a partir de la asunción del derecho a la salud como una condición de bienestar en sus aspectos, psíquicos y social, y no sólo físico.[4]

 

3- DIAGNÓSTICO

La toma de decisiones clínicas está basada en el diagnóstico. Este se establece a través de una serie de pruebas encaminadas a demostrar o rechazar una sospecha o hipótesis de partida. Estas pruebas serán de mayor utilidad cuanto más precozmente puedan identificar o descartar la presencia de una alteración, sin que ninguna presente una seguridad plena.

Es necesario indicar estos aspectos esenciales a cumplir en cuanto al diagnóstico:

  1. Es obligación del médico realizar todas las pruebas diagnósticas necesarias, atendido el estado de la ciencia médica en ese momento.
  2. El error en el diagnostico no es relevante si se han realizado todas las pruebas diagnósticas y se han realizado de forma eficaz.
  3. Sólo el diagnóstico que presente un error de notoria gravedad o unas conclusiones absolutamente erróneas, puede servir de base para declarar su responsabilidad.
  4. De igual forma servirá de base para la imputación de responsabilidad el hecho de no haber practicado todas las comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles.
  5. No se puede cuestionar el diagnóstico inicial por la evolución posterior dada la dificultad que entraña acertar con el correcto, a pesar de haber puesto para su consecución todos los medios disponibles, pues en todo paciente existe un margen de error independientemente de las pruebas que se le realicen.[5]

Toda intervención médica implica cierto grado de aleatoriedad en el que influye los riesgos o complicaciones generalmente admisibles, por lo que el fracaso de la intervención puede deberse a otros factores y no necesariamente la mala praxis (alteraciones biológicas del paciente etc.).

La existencia de un daño desproporcionado incide en la atribución causal y en el reproche de culpabilidad. Esto altera los cánones generales sobre responsabilidad civil médica en relación con el onus probandi (carga de la prueba) de la relación de causalidad y la presunción de culpa.[6]

 

 

 

4- Criterio de presunción de responsabilidad

El criterio de imputación resulta del artículo 1902 del Código Civil, es decir, la existencia de una conducta culposa o negligente imputable al médico, la existencia de resultado lesivo y relación causal de la conducta con el daño.

Para determinar si una conducta, por acción u omisión imprudente es susceptible de haber causado el daño, no basta con la constancia de la relación causal material o física, sino que además se precisa la imputación objetiva del resultado o atribución del resultado, lo que en la determinación del nexo de causalidad se conoce como causalidad material y jurídica.[7]

La imputación objetiva comporta un juicio que obliga a valorar con criterios extraídos del ordenamiento jurídico la posibilidad de imputar al agente el daño causado apreciando la proximidad con la conducta realizada, el ámbito de protección de la norma infringida, y la frecuencia o normalidad del riesgo creado frente a la existencia de los riesgos generales de la vida, entre otras circunstancias.

La carga de la prueba corresponde a quien reclama, nunca se invierte, y debe abarcar tanto la negligencia como la existencia del nexo de causalidad, así como la culpa que se imputa al médico, tanto sea por un diagnóstico erróneo basado en conclusiones inasumible como por la falta de realización de pruebas diagnósticas, como por la mala  o incorrecta ejecución de la técnica utilizada. A la relación causal material o física ha de sumarse el reproche de culpa, sin el cual no hay responsabilidad sanitaria.

En el ámbito de la responsabilidad del profesional médico debe descartarse la responsabilidad objetiva y una aplicación sistemática de la técnica de la inversión de la carga de la prueba, desaparecida en la actualidad de la LEC, salvo para supuestos debidamente tasados (art. 217.5 LEC).

El criterio de imputación del art. 1902 CC se funda en la culpabilidad y exige del paciente la demostración de la relación o nexo de causalidad y la de la culpa en el sentido de que ha de quedar plenamente acreditado en el proceso que el acto médico o quirúrgico enjuiciado fue realizado con infracción o no-sujeción a las técnicas médicas o científicas exigibles para el mismo.[9]

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PRUEBA

El principio de facilidad probatoria hace recaer las consecuencias de la falta de prueba sobre la parte que se halla en una posición prevalente o más favorable por la disponibilidad o proximidad a su fuente. Consagrado en la LEC, ya venía siendo acogido por la jurisprudencia de esta Sala.[10]

 

5- Consentimiento informado

El consentimiento informado es presupuesto y elemento esencial de la lex artis médica y como tal forma parte de toda actuación asistencial[11]. Constituye una exigencia ética y legalmente exigible a los miembros de la profesión médica.

(Se regula con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre de la autonomía del paciente, en la que se contempla como derecho básico a la dignidad de la persona y autonomía de su voluntad.)

La información es más acusada en la medicina voluntaria, ya que en esta el paciente tiene un mayor margen de libertad para optar por su rechazo. Esto es porque no hay necesitad o no hace falta prematuramente.[12]

Los efectos que origina la falta de información, dice la sentencia de 4 de marzo de 2011, y reitera la de 16 de enero 2012, “están especialmente vinculados a la clase de intervención: necesaria o asistencial, voluntaria o satisfactiva, teniendo en cuenta las evidentes distinciones que la jurisprudencia de esta Sala ha introducido en orden a la información que se debe procurar al paciente, más rigurosa en la segunda que en la primera dada la necesidad de evitar que se silencien los riesgos excepcionales ante cuyo conocimiento el paciente podría sustraerse a una intervención innecesaria o de una necesidad relativa“.[13]

 

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6- Daño desproporcionado

Daño médico desproporcionado es aquél no se prevé ni se comprende en la esfera de actuación profesional médico-sanitaria.[14]

En estos casos en virtud del principio de facilidad y proximidad probatoria, el profesional médico puede estar obligado a probar las circunstancias en que el daño se produjo si se presenta en la esfera de su actuación profesional o se ha originado por razón de una conducta negligente.

El enjuiciamiento debe realizarse teniendo en cuenta que la necesidad de dar una explicación recae sobre el que causa un daño no previsto ni explicable, de modo que la ausencia u omisión de la  explicación puede determinar la imputación.[15]

En estos casos se exige del profesional una explicación coherente acerca del por qué de la consecuencia producida y su desviación evidente del riesgo típico o inicial que implica la actividad médica. Por eso la ausencia u omisión de explicación puede determinar la imputación, creando o haciendo surgir una deducción de negligencia.

La existencia de un daño desproporcionado incide en la atribución causal y en el reproche de culpabilidad, alterando los cánones generales sobre responsabilidad civil médica en relación con el onus probandi de la relación de causalidad y la presunción de culpa.[16]

 

7- CONSUMIDORES

La responsabilidad establecida por la legislación de consumidores únicamente es aplicable en relación con los aspectos organizativos o de prestación de servicios sanitarios, ajenos a la actividad médica propiamente dicha cuyo criterio de imputación es la culpa, ex art. 1902 CC.[17]

La responsabilidad fundada en la Ley de Consumidores y Usuarios no afecta a los actos médicos propiamente dichos, dado que es inherente a los mismos la aplicación de criterios de responsabilidad fundados en la negligencia por incumplimiento de la lex artis ad hoc.

 

two person doing surgery inside room
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Anexo: 

Doctrina superada en cuanto al punto 1º de las obligaciones del médico

Resulta superada la doctrina de la STS de 29-10-2004 que partiendo de la existencia del contrato de prestación de servicios distinguía entre medicina asistencial o curativa con obligación de medios y medicina satisfactiva con obligación de resultado. Con un plus de responsabilidad que, en último caso, comporta la obtención del buen resultado o, dicho con otras palabras, el cumplimiento exacto del contrato en vez del cumplimiento defectuoso.[1]

Esta doctrina admitía la existencia de contrato de obra en casos de cirugía estética.[2] La STS de 11 febrero 1997 mantenía que esta distinción tiene consecuencias en orden al cumplimiento o incumplimiento, pues la relación contractual médico-paciente al derivar de contrato de obra, por el que una parte –el paciente– se obliga a pagar unos honorarios a la otra –médico por la realización de una obra–, la responsabilidad por incumplimiento o cumplimiento defectuoso se produce en la obligación de resultado y en el momento en que no se ha producido éste o ha sido defectuoso surge la responsabilidad del facultativo.

En igual sentido la STS de 26 de abril de 2007, dice que “las operaciones realizadas no cabe reputarlas de exitosas y que cumplieran las expectativas del recurrente, en cuanto consintió someterse a las mismas para obtener un resultado que evidentemente no se ha producido”, añadiendo que “en esta línea la jurisprudencia de esta Sala ha venido a declarar que en estos supuestos la relación participa en gran medida del arrendamiento de obra, pues sin perder por completo su identidad jurídica de arrendamiento de servicios, se aproxima a dicho arrendamiento al presentarse como protagonista el resultado a lograr, lo que propicia la exigencia de una mayor garantía en la consecución del mismo, pues si así no sucediera, es obvio que el interesado no acudiría al facultativo para lograr la finalidad buscada”.[3]

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Bibliografía:

[1] STS de 11-5-2001, 25 abril 1994 y 14 noviembre 1996

[2] Sentencias de 21 de marzo de 1950, 28 de junio de 1997 y 22 de julio de 2003

[3] Sentencia de 28 de junio de 1997, que cita las de 21 de marzo de 1950 y 25 de abril de 1994, así como las de 11 de febrero de 1997 y más directamente las Sentencias de 22 de julio de 2003, 21 de octubre de 2005 y 4 de octubre de 2006, y 22 de julio de 2003

[4] SSTS 30 de junio; 20 de noviembre 2009 y 27 de septiembre de 2010

[5] SSTS 15 de febrero 2006; 19 de octubre 2007; 3 de marzo y 10 de diciembre de 2010

[6] SSTS 23 de octubre de 2008, 30 de junio 2009, 27 de diciembre 2011

[7] SSTS de 29 de marzo de 2006 y 25 de noviembre de 2010

[8] SSTS 12 de marzo 2008; 30 de junio 2009

[9] STS 24 de noviembre de 2005; 10 de junio 2008

[10] SSTS de 8 de marzo, 28 de noviembre de 1996, 28 de febrero de 1997, 30 de julio de 1999, 29 de mayo de 2000, 8 de febrero de 2001, 18 de febrero y 17 de julio de 2003

[11] SSTS 29 de mayo; 23 de julio de 2003; 21 de diciembre 2005; 15 de noviembre de 2006; 13 y 27 de mayo de 2011

[12] SSTS 21 de octubre de 2005; 4 de octubre 2006; 29 de junio 2007; 27 de septiembre 2010; 20 de enero 2011

[13] SSTS de 12 de febrero de 200, 23 de mayo, 29 de junio y 28 de noviembre de 2007; 23 de octubre 2008

[14] SSTS 23 de mayo y 8 de noviembre de 2007)

[15] SSTS de 23 de mayo de 2007, 8 de noviembre 2007; 10 de junio y 23 de octubre 2008

[16] SSTS 23 de octubre de 2008, 30 de junio 2009, 27 de diciembre 2011

[17] SSTS de 5 de febrero de 2001; 26 de marzo de 2004; 17 de noviembre de 2004; 5 de enero y 26 de abril de 2007; 4 de marzo 2013

 

Atribuciones:

  • Aitor Domínguez Uranga (redacción).
  • Sara Calvo Silva (edición y añadido de elementos visuales).

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